Hoy he sentido la necesidad de recordar, para no olvidar, el porqué en España nunca hemos llegado a tomarnos en serio la Educación.
Con muchos docentes en estos últimos días del curso, uniéndose en protestas masivas reivindicando menos ratios, más recursos... me vienen a la memoria anteriores convocatorias de protestas que no fueron tan secundadas por la comunidad docente y tras escuchar algún podcast sobre el tema me he decidido a poner en orden mis ideas y escribir este pequeño resumen histórico, principalmente que me sirva de recuerdo a mí, porque para esto también es útil este espacio... quizás en unos años sea sólo para recodarme a mí hechos y vivencias.
En España hubo desde hace mucho tiempo intentos de modernizar la educación y separarla del adoctrinamiento religioso, pero nunca se dio el tiempo suficiente de que se vieran y consolidaran los resultados.
José I Bonaparte hizo un intento de modernización del sistema educativa durante su reinado. Reinó en España entre 1808 y 1813 tras las Abdicaciones de Bayona, donde Napoleón Bonaparte obligó a la familia real española (Carlos IV y su hijo Fernando VII) a renunciar a la Corona. El emperador lo impuso para extender el dominio de Francia, y la verdad es que José I durante ese periodo intentó modernizar la educación española bajo los ideales de la Ilustración y el modelo francés.
Sus esfuerzos se centraron en el control estatal de la enseñanza, el fomento de la educación pública y la secularización de las escuelas. Un grupo de intelectuales y políticos españoles a los que se conoce como: los afrancesados apoyaron a José Bonaparte en estos planes de modernización.
Coincidiendo en el tiempo, la Regencia del Reino (el órgano que ejercía el poder ejecutivo en ausencia de Fernando VII) a través de la Secretaría de Despacho de la Gobernación de la Península solicitó la redacción de un informe, el posteriormente llamado : El Informe Quintana.
Este fue firmado el 9 de septiembre de 1813, fue el documento fundacional que dio origen al sistema educativo liberal en España. Su nombre oficial era Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública.
Redactado principalmente por el poeta y político liberal
Manuel José Quintana, este informe buscaba desarrollar y aplicar los principios
sobre educación recogidos en el Título IX de la Constitución de 1812. que se había aprobado en Cádiz, conocida
popularmente con el nombre de “La Pepa” por ser promulgada el 19 de marzo, día
de San José.
Esta fue la primera Constitución que se aprobó en España y un hito del liberalismo europeo.
Los planes de José I coincidían en muchos puntos con la Constitución de 1812, ya que Aunque representaban bandos
enfrentados compartían una raíz ideológica común: la Ilustración y el modelo
revolucionario francés.
Buscaban modernizar España superando el absolutismo. Coincidían en reformar la administración y reconocer derechos, pero diferían radicalmente en su origen, la soberanía y el papel del monarca.
Las principales coincidencias en materia educativa son:
La educación como
función del Estado
Ambos bandos rompieron con la tradición de que la enseñanza fuera una tarea casi exclusiva de la Iglesia. Se buscó reducir el monopolio de la Iglesia sobre la educación, orientando los planes de estudio hacia las ciencias, las humanidades modernas y el civismo.
José Bonaparte creó la Junta de Instrucción Pública (1809): Una comisión encargada de reestructurar todo el sistema educativo nacional y eliminar la fuerte influencia de las órdenes religiosas.
Propuso la creación de instituciones de segunda enseñanza en las principales capitales de provincia para formar a los futuros funcionarios y profesionales del Estado, los liceos.
Impulsó la creación del Real Conservatorio de Artes y Oficios para promover la formación profesional y el desarrollo industrial.
Universalidad y
Gratuidad
Tanto el proyecto de Bonaparte como el liberal buscaban extender la instrucción a toda la población.
Uniformidad: El Informe Quintana proponía un plan uniforme para toda España, con los mismos libros y métodos, algo que también buscaba la administración de Bonaparte para modernizar el país.
Gratuidad: Ambos defendían que la educación primaria debía ser gratuita para garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos (como el voto, que en Cádiz se condicionaba a saber leer y escribir).
Impulso a la educación femenina: Se redactaron planes preliminares que abogaban por la escolarización y educación formal de las mujeres, principalmente en el proyecto del Rey francés.
La influencia de
Condorcet
La coincidencia más técnica reside en que ambos proyectos bebían directamente del Rapport de Condorcet (1792) de la Revolución Francesa:
Dividían la enseñanza en niveles similares (primaria, secundaria y superior).
Priorizaban la enseñanza de las ciencias y las matemáticas frente al modelo humanista-religioso tradicional, buscando formar ciudadanos útiles para el progreso económico del país.
La secularización
de la enseñanza
Aunque la Constitución de 1812 mantuvo la religión
católica por motivos políticos, tanto el Informe Quintana como los decretos de
José Bonaparte buscaron limitar el control eclesiástico sobre los
contenidos y el profesorado, introduciendo una mayor supervisión civil y
científica.
Reinado de Fernando VII
Regencia de María Cristina de Borbón.
Tras la muerte de Fernando VII, María Cristina asumió el poder como Regente debido a la minoría de edad de su hija, Isabel II.
Durante este periodo se llegó a un sistema constitucional pleno tras el Motín de La Granja (1836), que restableció la Constitución de 1812 y llevó a la de 1837 y se inició la expropiación y venta de bienes eclesiásticos para financiar la guerra y crear una burguesía fiel al régimen (Desamortización de Mendizábal).
¿Qué supuso esta regencia en materia educativa?
Reinado de Isabel II.
Tras este periodo y el comienzo del reinado de su hija, esta decidió, por diferentes motivos recuperar las relaciones con el Vaticano que estaban bastante deterioradas firmó con la Santa Sede el Concordato de 1851
Este Concordato fue un tratado que restableció las relaciones Iglesia-Estado tras las desamortizaciones liberales, instaurando la confesionalidad del Estado y entregando a la Iglesia el control absoluto de la educación.
El Concordato original consta de 46 artículos. Los
puntos clave del texto establecen lo siguiente:
Confesionalidad exclusiva: La religión católica, apostólica y romana se reconoce como la única de la nación española, quedando excluido cualquier otro culto.
Control de la Educación: La enseñanza en todos los centros públicos y privados debía ajustarse a la doctrina católica. Los obispos tenían plena potestad para inspeccionar la moral y la doctrina, incluso en escuelas públicas.
Sostenimiento Económico: El Estado se comprometió a mantener económicamente al clero y financiar el culto, además de frenar la venta de bienes eclesiásticos desamortizados que aún no habían sido subastados.
Censura: Las autoridades civiles debían apoyar a los obispos para prohibir la circulación de libros considerados "nocivos" para la fe.
El 19 de septiembre de 1857 se promulgó la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano). Su impulsor directo y artífice fue Claudio Moyano y Samaniego. Esta Ley otorgó un enorme poder y control a la Iglesia Católica sobre el sistema educativo español, como resultado del Concordato de 1851.
Sin embargo, fue sumamente importante por convertirse en el primer sistema educativo integral de España, logrando ordenar, centralizar y estructurar la enseñanza pública y privada del país durante más de un siglo.
La incapacidad de Isabel para responder a las crecientes demandas de un régimen más progresista, su cuestionable vida privada y su irresponsabilidad política contribuyeron al declive del prestigio de la monarquía, lo que condujo a su deposición en la Revolución de 1868.
Tras el derrocamiento y el exilio de Isabel II, España atravesó el llamado Sexenio Democrático, un periodo marcado por la búsqueda de un nuevo modelo de Estado que incluyó un reinado extranjero (Amadeo de Saboya) y el fallido intento de una Primera República.
Ante este panorama de poca estabilidad, el político conservador Antonio Cánovas del Castillo preparó cuidadosamente el regreso de la dinastía borbónica.
Pero el general Martínez Campos
se adelantó a los planes pacíficos de Cánovas y se sublevó en Sagunto el 29 de
diciembre de 1874, entregando el poder a Alfonso XII y dando inicio al periodo
conocido como la Restauración.
El rey Alfonso XII con 17 años promulgó el 26 de febrero de 1875 y aunque el concordato con la Santa Sede que había firmado su madre no se hubiera derogado en ningún momento el conocido como Decreto Orovio (impulsado por su ministro de Fomento, Manuel Orovio Echagüe), ahogando aún más la educación educativa, prohibiendo la libertad de cátedra.
Este decreto, y su posterior circular, establecían directrices que llevaron a los siguientes hechos clave para la educación:
Censura académica: Se prohibió cualquier enseñanza que fuera contraria al dogma católico, a la monarquía o a los principios del sistema político vigente en España.
Control ideológico: Los profesores fueron obligados a someter sus programas académicos y libros de texto a la aprobación del gobierno para asegurar su "fidelidad".
Expulsiones: El rechazo a esta normativa provocó la "Segunda Cuestión Universitaria", que resultó en la suspensión y expulsión de destacados catedráticos e intelectuales como Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate que se negaron a someter su pensamiento.
Como respuesta a esta limitación de la libertad de
expresión docente, los profesores represaliados fundaron la Institución Libre
de Enseñanza (ILE) en 1876, un centro educativo privado y laico que operaba al
margen del control estatal.
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